Uno
de los fines del derecho penal es la sanción de aquellos que han delinquido.
Tradicionalmente esto es sinónimo de pena aflictiva, es decir, cárcel. Sin
embargo, esta visión clásica se ha abierto a otras posibilidades de sanción, no
solo de carácter aflictivo, sino de reparación del mal causado a la sociedad.
Y
es precisamente esta última característica la que incorporan los Trabajos en
Beneficio de la Comunidad (PSBC) que forman parte de una serie de
modificaciones a la Ley N° 18.216 -que implementa seis medidas alternativas a
la reclusión- y que busca la reinserción social de aquellos imputados por
delitos sancionados con pena iguales o inferiores a 300 días de reclusión, o
bien, en aquellos casos de penas de multas impagas por parte del condenado en conformidad
a lo dispuesto por el artículo N° 49 del Código Penal.
“Con
estas seis medidas alternativas a la reclusión habrá una mayor certeza en
cuanto al cumplimiento de la pena dejando atrás la sensación de impunidad y de
concebir a estas medidas como beneficios. Con los Trabajos en Beneficio de la
Comunidad nos encontramos con una verdadera penas sustitutiva cuyo
incumplimiento va a traerá consecuencias que implican, en definitiva, la
privación de libertad de aquel que no cumpla con ellas”, explica el seremi de
Justicia, Gregorio Rodríguez.
La
autoridad de gobierno afirmó que no es espíritu
de la ley desincentivar el uso de las cárceles sino más bien su uso racional,
de tal forma que aquellos delitos de mayor gravedad tengan asignada pena aflictiva
y aquellos que tengan penas inferiores a 300 días como, por ejemplo, la venta
de películas y música piratas, “no deban ir a la cárcel sino que tengan la
posibilidad de reparar el daño causado a la sociedad mediante la prestación de
servicio a la comunidad”.
Apunta
que los trabajos beneficiarían a la comunidad y serán realizados de acuerdo al
nivel educacional y laboral del condenado. Así, por ejemplo, un médico podrá
aplicar su experticia diagnosticando pacientes de un campamento, un ingeniero en
computación reparando la red de una escuela o un técnico automotriz realizando
mantención de vehículos de tal forma de retribuir a la sociedad el daño
causado.
MAS CONVENIOS
A mediados
de abril se firmó ayer un convenio de colaboración para la implementación de la
pena sustitutiva de prestación de servicios en beneficios de la comunidad entre
el Centro de Reinserción Social de Ovalle dependiente de Gendarmería de Chile y
la Municipalidad local.
Sin embargo,
faltan más entidades públicas y privadas sin fines de lucro que sigan el
ejemplo del municipio montepatrino pues “es una oportunidad única de tender una
mano a quienes delinquieron y pueden reparar el mal causado a través del
trabajo que dignifica a la persona”, sostiene Rodríguez al comentar que aquellas
organizaciones que deseen participar pueden contactarse con Gendarmería de
Chile para establecer convenios. Para ello deben comunicarse con Juan Urtubia
al 051-575237.
SEIS NUEVAS PENAS SUSTITUTIVAS
Las
medidas alternativas a la reclusión buscan un control más eficiente y efectivo
de los condenados, la reinserción social de los mismos y la protección de las
víctimas.
La
nueva normativa legal crea seis nuevas penas sustitutivas a la reclusión y que
son la remisión condicional de la pena, reclusión parcial, libertad vigilada,
expulsión de condenados extranjeros con residencia ilegal en el país,
prestación de servicios en beneficio a la comunidad y libertad vigilada
intensiva.
Para
su eficaz cumplimiento se establece el aumento de la planta de Gendarmería en
más de quinientos funcionarios y la puesta en marcha de un sistema de monitoreo
remoto de los condenados.
No hay comentarios:
Publicar un comentario