Con la firma de un convenio entre el Centro de Reinserción Social de Ovalle, dependiente
de Gendarmería de Chile, y la Municipalidad de Ovalle, esta última se comprometió a proveer
cuarenta cupos laborales para la
implementación de la pena sustitutiva de prestación de servicios en beneficios
de la comunidad.
La firma del
acuerdo se realizó el jueves pasado entre el alcalde Claudio Rentería y el
director regional de la institución penitenciaria, Jorge Carrasco, contando con
la presencia del secretario regional ministerial de Justicia, Gregorio
Rodríguez, como ministro de fé.
Básicamente
el acuerdo establece que las personas que por resolución judicial deban realizar
una prestación
de servicios en beneficio a la comunidad - contemplada en el Nuevo Sistema de
Penas Sustitutivas contemplados en la Ley N° 20.603- puedan realizarlo en la
comuna de Monte Patria.
La medida apunta que
los trabajos beneficiarían a la comunidad ovallina y serán realizados de
acuerdo al nivel educacional y laboral del condenado. Así, por ejemplo, un
médico podrá aplicar su experticia diagnosticando pacientes de un campamento,
un ingeniero en computación reparando la red de una escuela o un técnico
automotriz realizando mantención de vehículos de tal forma de retribuir a la
sociedad el daño causado.
Al
respecto el seremi de Justicia destacó los alcances del acuerdo señalando que Ley
N° 20.603 es la modificación legal más importante que se ha realizado en los
últimos treinta años en materia de penas sustitutivas que antiguamente se
conocían con el apelativo de “beneficios”, pues hay un cambio de paradigma del
fin de la pena, desde una mirada retributiva a una que busca la rehabilitación
del infractor.
“Con
esta penas sustitutiva de prestación de servicios en beneficios de la comunidad
buscamos evitar la contaminación criminógena de aquellas personas que recién
toman contacto con el sistema penitenciario, que en realidad es una escuela del
delito, por tanto, debemos buscar como sociedad que la pena privativa de
libertad sea la última respuesta en aquellos casos que se requiera una
persecución penal inteligente reservándola cuando no exista ninguna posibilidad
de poder reinsertar socialmente a la persona”, puntualizó Rodríguez.
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