Fue una jornada provechosa donde los directores de consultorios y
hospitales de la región plantearon sus inquietudes sobre los procedimientos
médicos que se relacionan con la atención de víctimas y detenidos en el ámbito
penal la realizada el miércoles pasado en la biblioteca del Servicio de Salud
de Coquimbo y donde tomaron parte funcionarios del Ministerio Público, Carabineros,
la PDI y la secretaria regional ministerial de Justicia.
Fue precisamente el abogado de esta última repartición, Felipe Rioseco
Yáñez, quien dio a conocer detalles y los alcances legales como la constatación
de lesiones de los detenidos, la constatación de fallecimiento, la
certificación de muerte de un paciente, atención de sujetos que trasladan
ovoides con cocaína en el estómago y la seguridad del personal de salud en las
unidades de urgencia hospitalarias.
Por su parte, los directivos médicos plantearon especialmente a la
fiscal del Ministerio Público, Carmen Segura, que muchas veces los
profesionales son agredidos por los detenidos que se niegan a ser examinados y,
en otros casos, no cuentan con personal suficiente para atender los
requerimientos de la fiscalía en caso de deceso de una persona en su domicilio.
Asimismo, se logró el compromiso por parte de los presentes de realizar
una serie de acciones tendientes a mejorar y optimizar los procedimientos en
caso de decesos detenidos como, por ejemplo, la confección de un protocolo de
atención unificado para todos los hospitales de la región, la posibilidad que
los Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) puedan otorgar
certificados de defunción, mientras que Carabineros se comprometió a ocupar un
acta especial con algunos detenidos que no tengan ningún tipo de lesiones para
que éstos firmen que se encuentran satisfactoriamente.
Cabe señalar que la reunión estuvo presidida por la directora del
Servicio de Salud de Coquimbo, Ana Farías, que tomó nota de todas las
necesidades y acuerdos alcanzados en la reunión.
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